Para prohibir el uso de fondos públicos para el pago de servicios de cabildeo a favor del estatus político de la Libre Asociación/Independencia y/o el estatus territorial actual; enmendar el Artículo 3.2 de la Ley 2-2018, según enmendada, conocida como “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”; y para otros fines.

Intereses en juego

Beneficia a:

La transparencia y la reducción potencial de corrupción, según el argumento a favor.

Preocupa a:

Las voces que defienden ciertos estatus políticos podrían verse silenciadas, lo que podría generar controversia y preocupación entre esos grupos.

Quién paga o decide:

El gobierno decide la implementación de esta medida, pero no se especifica quién financia o paga directamente por su cumplimiento.