Para enmendar el Artículo 7.22 de la Ley 168-2019, según enmendada, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, a los fines de establecer una nueva amnistía general por sesenta (60) días; autorizar al Superintendente de la Policía de Puerto Rico a decretar administrativamente una extensión por un periodo adicional de treinta (30) días; establecer mecanismos claros de recopilación, análisis y divulgación de datos que permitan medir su impacto real sobre la seguridad pública; establecer la responsabilidad investigativa de la Policía y del Instituto de Ciencias Forenses (ICF); y para otros fines relacionados.
Medida·Cámara·Sesión 2025-2028
Recorrido
Radicada→En comisión→Aprobada→Ley
🤖 Resumen en lenguaje sencillo▾
Qué propone
Enmienda el Artículo 7.22 de la Ley 168-2019 para declarar una nueva amnistía general por 60 días, permitiendo a las personas entregar armas de fuego y municiones sin que se inicie un procedimiento penal. Autoriza al Superintendente de la Policía a extender administrativamente el período adicional de 30 días. Establece mecanismos para recopilar, analizar y divulgar datos sobre el impacto real de la amnistía en la seguridad pública.
Pros
•Permite la entrega voluntaria de armas de fuego y municiones sin riesgos penales.
•Fomenta la colaboración ciudadana con las autoridades para regularizar posesiones ilegales.
•Facilita el registro y control del armamento fuera del sistema regulado.
Contras
•Puede generar preocupaciones sobre el aumento de armas en manos no autorizadas si no se implementan controles adecuados.
•No garantiza un seguimiento riguroso de las armas entregadas, lo que podría permitir la evasión de responsabilidades.
•El proceso de recopilación y análisis de datos puede ser complejo y requerir recursos adicionales.
La ciudadanía en general, especialmente aquellos con armas ilegales o heredadas sin registro formal.
Preocupa a:
Las autoridades de seguridad pública que deben manejar el aumento potencial de armas en circulación.
Quién paga o decide:
El Gobierno de Puerto Rico, a través del Superintendente de la Policía y el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), que se encargan de implementar los mecanismos establecidos.
En qué va
Radicado en la Cámara de Representantes el 7 de mayo de 2026, aparece en Primera Lectura y está referido a la Comisión de Seguridad Pública.
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