Para enmendar el inciso (j) del Artículo 4(A) de la Ley Núm. 108 de 29 de junio de 1965, según enmendada, conocida como la “Ley para Regular las Profesiones de Detectives Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico”, a los fines de eximir a los empleados municipales de la prohibición de obtener o renovar una licencia como detective privado, y para otros fines relacionados.

Intereses en juego

Beneficia a:

Empleados municipales que buscan superarse profesionalmente, especialmente aquellos con capacidades especiales o retos personales.

Preocupa a:

La confianza pública debido a la posibilidad de conflictos de interés y violaciones éticas; inversionistas y empresas con información privilegiada.

Quién paga o decide:

El Estado, a través del Departamento de Seguridad Pública, que evaluará la implementación y su impacto en la confianza pública.