Ley 120-2025 (PC 580)Proyecto de la CámaraVigente

Para añadir un nuevo inciso (t) al Artículo 66 de la Ley Núm.146-2012, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico" a los fines de incluir como circunstancia agravante a la pena cuando el delito se comete contra un funcionario del orden público mientras estaba en el cumplimiento de sus deberes; y para otros fines relacionados.

Ley aprobada·Cámara·Sesión 2025-2028

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Qué propone

Enmienda el Artículo 66 del Código Penal de Puerto Rico para añadir un nuevo inciso (t) que establece como circunstancia agravante que cualquier delito cometido contra un funcionario del orden público mientras está en el cumplimiento de sus deberes, sea considerado una circunstancia agravante a la pena. Esta enmienda aplica a miembros de la Policía de Puerto Rico y Municipal, agentes del Negociado de Investigaciones Especiales, alguaciles de la Rama Judicial y empleados estatales o federales con autoridad para efectuar arrestos.

Pros

•Fortalece la protección de los funcionarios del orden público al considerar como agravante el hecho de que un delito sea cometido contra ellos mientras están en el cumplimiento de sus deberes, lo cual disuade agresiones y actos hostiles contra estos funcionarios.
•Promueve el respeto a la autoridad legítima y fomenta valores de civismo, responsabilidad ciudadana y principios democráticos.
•Respuesta a una política pública dirigida a disuadir y sancionar de manera más severa las agresiones contra funcionarios encargados de la seguridad ciudadana.
•No impone obligaciones económicas en el presupuesto de los gobiernos municipales.

Contras

•Puede ser visto como una medida que aumenta la severidad de las penas sin un análisis exhaustivo del impacto real en la disuasión y prevención de agresiones contra funcionarios del orden público.
•El principio de legalidad, aunque no es objeto de objeciones constitucionales, podría ser visto como una limitación al debido proceso si se considera que las normas penales deben ser claras y precisas para evitar la arbitrariedad.
•No se especifican los mecanismos exactos para implementar esta enmienda ni quién será responsable de su aplicación.
•El impacto fiscal no ha sido evaluado, lo cual podría generar preocupaciones sobre el costo potencial de la implementación.

Intereses en juego

Beneficia a:: Los funcionarios del orden público y la estabilidad democrática al fortalecerse la protección institucional.
Preocupa a:: Inversionistas y empresas con empleados que podrían verse afectados por el aumento de las penas, ya que no se ha evaluado el impacto en términos económicos.
Quién paga o decide:: El Estado a través del sistema judicial será responsable de la implementación y aplicación de esta medida, sin especificar costos ni recursos adicionales.

En qué va

La medida fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes en junio de 2025, y firmada por los presidentes de ambas cámaras. Fue enviada al Gobernador para su sanción y se convirtió en Ley 120-2025.

Generado por IA · puede contener errores y los argumentos a favor/en contra son posibles puntos de debate, no una postura oficial. Verifica con el texto oficial.

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Trámite legislativo

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