Para enmendar el inciso (j), del Artículo 4, de la Ley Núm. 108 de 29 de junio de 1965, según enmendada, conocida como la “Ley para Regular las Profesiones de Detectives Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico”, a los fines de eliminar la prohibición dispuesta que impide que ciertas personas que ocupen un cargo o empleo público puedan obtener la licencia de detective privado; y para otros fines relacionados.

Intereses en juego

Beneficia a:

A los empleados del gobierno que buscan trabajar como detectives privados y generar ingresos adicionales.

Preocupa a:

A las agencias gubernamentales, ya que podrían enfrentar conflictos de interés si un empleado público trabaja en el sector privado.

Quién paga o decide:

El Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico se encarga de aprobar reglamentos y notificar a la Asamblea Legislativa.