“Para enmendar los artículos 221, 228 y 229 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de aumentar de ocho (8) a quince (15) años, la pena por la comisión de ciertos delitos contra la seguridad en las transacciones comerciales.”

Intereses en juego

Beneficia a:

El Gobierno y las instituciones financieras, al fortalecer la capacidad de disuadir delitos contra la seguridad financiera.

Preocupa a:

Inversionistas con tarjetas de crédito o débito, cuyos datos podrían ser vulnerados, y empresas que alegan confidencialidad comercial.

Quién paga o decide:

El Estado, al implementar el cambio en las penas; no se especifica quién financia los costos adicionales de la implementación.