PS 635Proyecto del SenadoVetada

Para crear la Ley “Programa Piloto de Centralización de Servicios para Personas con Diversidad Funcional”, mejor conocida como la “Ley Centra”, a los fines de establecer un programa piloto que centralice los servicios interagenciales del Gobierno de Puerto Rico dirigidos a personas con diversidad funcional, incluyendo aquellas diagnosticadas dentro del espectro autista, con el fin de facilitar su acceso y manejo eficiente de dichos servicios; y para otros fines relacionados.

Medida·Senado·Sesión 2025-2028

Recorrido

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Qué propone

Crea la Ley 'Programa Piloto de Centralización de Servicios para Personas con Diversidad Funcional', mejor conocida como la ‘Ley Centra’, que establece un programa piloto para centralizar los servicios interagenciales del Gobierno de Puerto Rico dirigidos a personas con diversidad funcional, incluyendo aquellas diagnosticadas dentro del espectro autista. El programa se coordinará por la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI) y contará con un presupuesto inicial identificado, con provisiones para peticiones futuras y un Memorando de Entendimiento (MOU). Incluye mecanismos de evaluación basados en informes anuales.

Pros

•Facilita el acceso a servicios esenciales mediante la centralización de los mismos, reduciendo la necesidad de visitar múltiples agencias y completar formularios duplicados.
•Alinea con estándares internacionales como los promovidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en modelos de Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC), y con marcos federales como la Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA).
•Promueve una cultura gubernamental inclusiva, reduciendo barreras sistémicas y alineándose con principios de derechos humanos que priorizan la dignidad y la equidad para personas con discapacidad en Puerto Rico.
•Incorpora tecnologías emergentes para accesibilidad como navegación adaptada y opciones audiovisuales, promoviendo así la inclusión digital.

Contras

•El programa piloto tiene una duración de dos años, lo que podría generar inseguridad jurídica y limitar su expansión a largo plazo.
•Requiere la identificación inicial de recursos vigentes para el presupuesto, lo que puede generar preocupaciones sobre impactos fiscales en un contexto económico incierto.
•El uso de plataformas tecnológicas para evitar duplicidades y garantizar interoperabilidad representa un elemento innovador pero potencialmente costoso.
•La implementación depende del Memorando de Entendimiento (MOU) que asegura el uso alineado de fondos, lo que puede generar conflictos si no se cumple.

Intereses en juego

Beneficia a:: Las personas con diversidad funcional y sus familias, al facilitar el acceso a servicios esenciales; y la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), que coordinará el programa.
Preocupa a:: Inversionistas y empresas con decretos otorgados por agencias participantes, cuyos montos exonerados quedarían públicos; y el Estado, en términos de costos administrativos para la implementación.
Quién paga o decide:: El presupuesto se regula mediante la identificación inicial de recursos vigentes, con provisiones para peticiones futuras y un Memorando de Entendimiento (MOU) que asegura el uso alineado de fondos. La Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI) coordina el programa.

En qué va

Aprobada por ambas cámaras y firmada, pero vetada por la Gobernadora en 13 de diciembre de 2025.

Generado por IA · puede contener errores y los argumentos a favor/en contra son posibles puntos de debate, no una postura oficial. Verifica con el texto oficial.

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Trámite legislativo

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