Para enmendar el inciso (g) del Artículo 2.6 de la Ley Núm. 54-1989, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a fin de hacer obligatoria la imposición de talleres o programas de educación y reeducación para personas agresoras desde la primera orden de protección emitida; y para otros fines relacionados.

Intereses en juego

Beneficia a:

Las víctimas de violencia doméstica y potencialmente las personas agresoras, al proporcionarles herramientas para prevenir futuras agresiones.

Preocupa a:

Los acusados de violencia doméstica que podrían ver esta medida como una imposición adicional sin abordar las causas subyacentes del comportamiento agresivo.

Quién paga o decide:

El gobierno y los tribunales, quienes tendrán la responsabilidad de implementar estos programas educativos.