Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, a realizar un estudio dirigido a evaluar el funcionamiento de la Junta Revisora de Propiedad Inmueble, con el propósito de evaluar el cumplimiento con el mandato de la Ley 235-2014, según enmendada, a los fines de que las agencias, dependencias o instrumentalidades públicas, antes de arrendar o comprar algún bien, deben otorgarle preferencia a aquellos de naturaleza pública disponibles, pertenecientes al gobierno central, en primera instancia y, en la alternativa, a cualquier gobierno municipal; y para otros fines relacionados.